El séptimo punto de la agenda de hoy martes en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso es ese mamarracho jurídico cuyo único objeto es bloquear la #UniónCivilYA: la #UniónSolidariaNO, suma de cuatro proyectos de ley de los grupos antiderechos, el 2801 Atención Mutua de Julio Rosas (evangélico fujimorista), el 3273 Sociedad Solidaria de Martha Chávez (fujimorista del Opus Dei), el 3594 Asociación Patrimonial Solidaria de Humberto Lay (evangélico que con ex pepecistas compone Unión Regional) y el novísimo 3649 Unión Contractual de Martín Belaunde (Solidaridad Nacional) presentado el 25 de junio, semanas después de los lamentables debates en los que se nos tildó de aberrantes para abajo.

Estos proyectos tienen en común, además de haber sido presentados por grupos con un profundo desprecio por los derechos humanos LTGBI, que niegan que las parejas homosexuales constituyamos familia y, por lo tanto, reduce nuestras relaciones a meras transacciones comerciales sin siquiera completa protección jurídica sobre los bienes en común. Es decir, constituyen una humillación a miles de personas LTGBI a la que todo congresista progresista de esta Comisión debe oponerse con su voto.

El proyecto 2647 #UniónCivilYA de Carlos Bruce (Concertación Parlamentaria) ha sido correctamente “desacumulado” del resto de iniciativas legislativas, sin embargo su debate, voto y seguro archivamiento aún no han sido programados en la agenda de la Comisión -responsabilidad exclusiva de su Presidente Juan Carlos Eguren (PPC)-, cosa que exigimos inmediatamente 3 millones de peruanas y peruanos que tenemos derecho a que el Congreso trate explícitamente nuestros derechos y le demuestre a la comunidad internacional el profundo desprecio que tiene hacia nuestras vidas.

Pero hay más: antes de todos estos debates, la Comisión de Justicia podría estar a punto de dejarnos nuevamente fuera de la protección por discriminación que establece el Código Penal.

El sexto punto de la agenda de la Comisión es la reforma del Código Penal con más de 100 proyectos de ley “acumulados”, entre los que se encuentra el 1687 de Rosa Mávila (Acción Popular – Frente Amplio) de octubre de 2012 que modifica el artículo 323 del Código referido a la discriminación, incorpora formas agravadas de este delito y sanciona también su incitación, pero que en lugar de la actual redacción de categorías protegidas por discriminación que culminan en el amplísimo “de cualquier otra índole” que permite argumentar la protección a las personas LTGBI, propone una fórmula taxativa que excluye esta frase y sin incluir mención alguna a la orientación sexual e identidad de género.

Esta gravísima omisión tendría que ser rápidamente subsanada por Verónika Mendoza (titular de la Comisión) y/o Rosa Mávila (accesitaria de la Comisión y autora de dicho proyecto de ley) proponiendo la inclusión explícita de las categorías orientación sexual e identidad de género, así como de la frase comodín “de cualquier otra índole”, que garantice una protección abierta a todas las posibles causales de discriminación.

Además están también los proyectos 756 Promoción de la Igualdad de Leonardo Inga (Alianza Parlamentaria) que propone el desarrollo legislativo del artículo 2 inciso 2 de la Constitución incluyendo, entre otras, la orientación sexual e identidad de género como categorías protegidas, y que espera un nuevo trámite en la Comisión de Inclusión Social, así como el 1348 Identidad Formal de Mariano Portugal (Alianza Parlamentaria) que propone un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans violatorio de su dignidad exigiéndoles informes psicológicos y psiquiátricos de disforia de género, operación de reasignación genital, no haberse casado ni haber tenido hijos.

Más allá de la #UniónCivilYA, la lucha continúa.