Yo fui un entusiasta de La Gran Transformación, no lo voy a negar, y lo fui no por Ollanta sino a pesar de él. Me explico: tengo una natural desconfianza hacia los milicos, que no sé si venga porque (salvo Velasco) han sido lo más nefasto que le ha sucedido al país y su endeble democracia, o porque me recuerdan a mi viejo, que es lo más nefasto que le ha sucedido a mi familia. Como sea, me hacía ruido votar por un milico. Por un milico no solo medio huevón respecto a la mariconada (no olvidamos sus bromitas sobre los aretitos y el pelo largo) sino sobre el que, más allá de las pruebas existentes, había dudas respecto a su compromiso con los derechos humanos. Pero aún así, muchos decidimos correr el riesgo, enfrentar las contradicciones y saltar al vacío porque, como decía la siempre lúcida activista maraca Paúl Flores, ese podía ser un espacio para construir algo nuevo. Entonces, como militanta del Partido Socialista, me sumé al equipo de activistas que amariconó la O con los colores del arcoíris y redactó el plan mínimo de derechos humanos LTGBI de Gana Perú. Me pasé ese verano haciendo campaña, intensísima, desde primera vuelta, porque si bien el plan de gobierno no era todo lo soñado, si se concretaba hubiera sido un gran, grandísimo avance. Soy medio roja, pues, ¿qué esperaban? Y luego, ya en segunda vuelta, como activista del MHOL impulsé al interior que apostemos explícitamente por Humala, y que además articulemos la iniciativa con organizaciones de todo el país. El resultado fue un pronunciamiento firmado por 36 organizaciones y los principales líderes LTGBI del país de ese entonces. Luego luego, la noche de la segunda vuelta, con las cómplizas maracas y feministas nos pasamos horas celebrando y arengando en la plaza 2 de mayo, en el mitin de la victoria electoral, de lo que prometían ser nuevos tiempos.

Recuerdo con especial cariño esa noche porque además, en algún momento entre la embriaguez y la premonición, cambiamos el single de campaña por algo así como "Ollanta Humala/ Ollanta Humala/ y fusiladas/ y fusiladas". A los pocos días, si no semanas, Humala tiraría La Gran Transformación a la basura, y convertiría su gobierno en algo así como la gran continuación. Y no solo la gran continuación del modelo económico vía el MEF y el BCR, sino también en cuanto a las maricas compete. Es más, qué continuación, agravación, agravamiento, diría yo.

El gobierno de Toledo legó al país su primer Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-2010 que, si bien no era la gran maravilla, era, estaba y estábamos. En su elaboración se consultó a la sociedad civil y consensuó 19 actividades sobre derechos humanos LTGBI, que en la versión aprobada mágicamente se redujeron a 4 con 2 cláusulas candado más. Sí, leen bien, Toledo convirtió al Perú en el primer país cuyo plan de derechos humanos, en lugar de reconocer derechos, los negaba, señalando que la protección antidiscriminatoria "no se extiende al derecho a contraer matrimonio" y "no afecta lo establecido en los reglamentos de las instituciones castrenses". Como sea, estábamos en el Plan. Plan que el gobierno de García no cumplió a pesar de extender su vigencia hasta 2011. Y llegado Humala emprendió un enorme proceso de evaluación de lo avanzado, un diagnóstico situacional de los derechos humanos, audiencias nacionales para construir el nuevo plan con la sociedad civil, etc. Lindo, maravilloso, con sus múltiples tensiones, idas y vueltas, pero formalmente todo muy democrático. Tan democrático que a noviembre de 2012 habíamos consensuado 18 actividades de derechos LTGBI. Pero en el borrador presentado un mes después por el MINJUS desaparecieron 10. Y otro mes después en un nuevo borrador del Viceministerio de Derechos Humanos del MINJUS desaparecieron otras 5, quedando solo 3 a enero de 2013. La entonces ministra Eda Rivas dijo, muy transparente ella, que "los temas álgidos los hemos separado". Y claro que los habían separado. En la versión finalmente aprobada y publicada en julio de 2014 simplemente no aparecíamos. Toda mención a las personas LTGBI y su condición humana había sido eliminada. Como correspondía, hicimos EL escándalo y el gobierno respondió con medias verdades y mentiras. Que el plan no nos incluía explícitamente porque abordaba la discriminación de modo general. Tan general que tiene acápites sobre derechos de adultos mayores, afroperuanos, indígenas, migrantes, mujeres, niñas y niños, privados de la libertad, afectados por el VIH y la tuberculosis, pero no LTGBI. Nuestra queja llegó hasta Washington, a la CIDH, que emitió una nueva observación al Estado peruano sobre el asunto. Y hasta ahora, nada, el Estado bien gracias.

Un año antes de la aprobación y publicación del Plan 2014-2016, cuando advertimos la progresiva eliminación de nuestros derechos, tuvimos en MHOL una reunión con el entonces Director de Derechos Humanos del MINJUS Roger Rodríguez (sí el mismo de la maravillosa opinión técnica a favor de la unión civil), quien rápidamente zanjó que él no iba a hablar nada del Plan, que eso estaba fuera de discusión, que impulsaría una instancia que articule acciones contra la discriminación, que desde ahí se podía generar iniciativas para el reconocimiento de derechos en el futuro. Y, como ya saben quienes me conocen, yo desconfío naturalmente también de los funcionarios públicos, en especial cuando tan simpáticos y bienintencionados se venden. ¿Y qué fue finalmente? En diciembre de 2013 se creó la Comisión Nacional Contra la Discriminación - CONACOD. Y en el contexto del escándalo por nuestra eliminación del Plan Nacional de Derechos Humanos, fue usada por el MINJUS y su entonces Viceministro de Derechos Humanos José Ávila para intentar callarnos la boca formando una mesa de trabajo con organizaciones LTGBI cuyas iniciativas se canalizarían vía la CONACOD. Solo olvidó señalar que dicha instancia no tenía ni tiene ninguna potestad para dictar políticas nacionales contra la discriminación ya que "los acuerdos adoptados por el pleno de la CONACOD sobre una específica materia técnica son vinculantes para los Ministerios del Poder Ejecutivo que votaron a favor de su adopción" según su decreto de creación. O sea, por ejemplo, si Defensa de quien dependen las fuerzas armadas o Interior de quien depende la policía votan por el no, no están obligados a cumplir nada y ya. La dichosa mesa se instaló con la anuencia de un sector del movimiento y algunas ONGs que vieron en ella la oportunidad de algún chorreo de recursos, y meses después fue abortada.

Más o menos la misma historia del Plan de Derechos Humanos se reeditó el año siguiente con el Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021. Un mes antes de su aprobación el borrador reconocía la igualdad como uno de sus principios rectores, y en ella mencionaba su oposición a la discriminación por, entre otras razones, orientación sexual e identidad de género, y en consecuencia se proponía "reducir el porcentaje de la población que considera que las personas con distinta orientación sexual están más expuestas al maltrato físico" de 88% al 40 ó 50%. Más allá de que no consideraba ninguna acción concreta contra la homofobia, y que el indicador era cuestionable porque no pretendía reducir la homofobia sino el porcentaje de gente que cree que la hay, cosa que bien podrían lograr repitiendo una y otra vez que somos unos exagerados, que en Perú no hay homofobia, que incluso nuestra marcha tenemos. Pero, como fuere, nos mencionaban. Para la versión aprobada y publicada en diciembre de 2014 simplemente no existimos. Nuevamente, fuimos a la CIDH, ésta emitió otra observación al Estado, una más, y no pasó absolutamente nada.

Y no pasó absolutamente nada porque durante este gobierno la Cancillería ha perfeccionado su perfo: se muestra tan pero tan preocupada por los derechos humanos que hasta le solicita audiencias a la CIDH para vender sus supuestos avances, pero cuando los confrontamos allí, se quedan mudos o evidencian su desconocimiento (por no decir desprecio). En octubre del año pasado, por ejemplo, en la audiencia solicitada por el Estado para mostrar las bondades del CONACOD, el embajador Álvarez Vita habló de la discriminación en tiempos de los mochicas e incas, justificó el no avance de nuestros derechos en la ausencia de un consenso social al respecto, pretendió responsabilizar a nuestras organizaciones por no enjuiciar penalmente al Cardenal y, finalmente, llamó "transgénica" a una regidora transgénero. Por eso no extraña que nuestro país históricamente se haya abstenido de votar ante todo proyecto de resolución de derechos LTGBI en Naciones Unidas. La única excepción fue en septiembre de 2014 para encargar a un informe sobre nuestros derechos alrededor del mundo. Pero ya saben que una golondrina no hace verano, y esa postura progre a nivel internacional no se tradujo en una transformación de la política nacional.

Si hasta ahí el asunto les resulta grave, lo que sucede con la epidemia del VIH es muchísimo peor. Aunque el 55% de casos nuevos se concentra en mujeres trans, gais, hombres bisexuales y otros hombres sin identidad homo/bisexual que tienen sexo con hombres, los programas de prevención y diagnóstico para esta población han sido desmantelados, condenándonos a morir sin siquiera tener derecho a saber de qué nos morimos, o por lo menos para saberlo demasiado tarde como para salvar nuestras vidas. En 2011 5.06% de nuestras comunidades habían sido atendidas por los servicios diagnósticos del MINSA. En 2013 la cifra se redujo a 2.87%. ONUSIDA recomienda alcanzar a por lo menos el 80% para detener y empezar a reducir la epidemia. El compromiso del Perú es que al 2020 el 90% de personas con VIH conozca su estado. Evidentemente, a este paso, muy difícilmente llegaremos. Y si bien luego de años de retraso se aprobó el Plan Estratégico Multisectorial para la Prevención y Control de las ITS y el VIH 2015-2019, éste es un cajón de sastre en el que las mayores brechas presupuestales se encuentran en la población más afectada por la epidemia, que importa tan poco que incluso tiene una meta "no determinada" de aumento de cobertura de atención al 2019. ¡No determinada! O sea, sin meta. Mientras tanto, cada día siguen muriendo 3 personas por sida a pesar que tenemos las tecnologías médicas suficientes para que nadie muera. Y de esas 3 personas diarias, 2 son trans o gais. ¿Coincidencia? No lo creo.

No todo es malo. Hay excepciones, claro está, pero éstas responden más al compromiso personalísimo de algún funcionario de turno (y a la distracción temporal de los censores antiderechos del aparato público), que a la intención del gobierno de avanzar en el reconocimiento de nuestra condición humana y ciudadana.

En Educación, la Estrategia Nacional Contra la Violencia Escolar "Paz Escolar" 2013-2016 impulsada por su entonces responsable César Bazán, considera explícitamente en el enfoque de género el bullying homofóbico.

En Interior, el reglamento de la Ley 28950 contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes (DS 001-2016-IN) del 8 de febrero considera en su enfoque diferencial que la orientación sexual de las víctimas puede ponerlas en mayor vulnerabilidad y riesgo, por lo que debe motivar un tratamiento especial de ayuda humanitaria. Y el reglamento de la Ley 30037 que previene y sanciona la violencia en los Espectáculos Deportivos (DS 007-2016-IN) del 28 de junio prohibe a espectadores y organizadores de espectáculos deportivos profesionales "realizar cánticos, expresiones, gestos, sonidos o actitudes que inciten a conductas intolerantes, discriminatorias, violentas, racistas, xenófobas, o que pretendan vejar a una persona o grupo de ellas por razón de (...) orientación sexual", y señala que los organizadores deben prever medidas correctivas ante cualquier conducta violenta motivada en la orientación sexual.

En Desarrollo e Inclusión Social, el reglamento del Sistema Nacional de Focalización - SINAFO (DS 007-2016-MIDIS) del 21 de julio, en su definición de vulnerabilidad, la orientación sexual e identidad de género como motivos de "desventaja o desigualdad en el acceso a los medios o recursos materiales y/o personales, oportunidades y condiciones sociales, económicas, políticas o culturales indispensables para alcanzar el pleno desarrollo personal y social y vivir una vida plena y digna".

Probablemente los avances más evidentes y sistemáticos, por lo menos en cuanto a la normatividad formal se refiere, se encuentra en el MIMP. El Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 dispone que al 2017 por lo menos la mitad de entidades públicas desarrollen campañas contra la discriminación por género y orientación sexual, el 30% de establecimientos de salud implementen protocolos de atención respetuosos de la orientación sexual de las personas, y se disminuyan los crímenes de odio. El Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016-2021 publicado ayer tiene como visión un Perú en el que se ha eliminado los patrones socioculturales discriminatorios por, entre otros motivos, la orientación sexual, y menciona explícitamente a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. También los Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (Resolución 017-2016-MIMP-PNCVFS-DE), y la inclusión de la orientación sexual en el protocolo intersectorial con el INPE (DS 006-2016-MIMP) y en el reglamento de la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (DS 009-2016-MIMP). Y especialmente la (por fin) institucionalización de la Mesa de Trabajo para promover los derechos de las lesbianas (RM 099-2016-MIMP) que funciona desde 2012. Y aunque solo reconoce en él a las 7 organizaciones de lesbianas y activistas o agrupadas de Lima, ya existe formalmente, como para en el futuro presionar para su ampliación a otras expresiones del activismo lésbico joven y del resto del país.

En estos casos desconozco mayormente si éstas menciones se han convertido en acciones concretas, pero en todo caso ahí están y constituyen oportunidades para seguir luchando (o, como dirían muchos funcionarios públicos) jodiendo.

Y en este acápite sobre la supuesta corrección política del gobierno no puedo dejar de mencionar la memorable opinión técnica del MINJUS a favor del proyecto de ley de unión civil elaborada por Roger Rodríguez, opinión que al parecer fue personalísima porque cuando tocó a los congresistas nacionalistas defenderla, hicieron lo opuesto. De los 7 votos que andaron la unión civil al archivo, 3 fueron nacionalistas: Agustín Molina, Rubén Condori y Martin Rivas. Y cuando le tocó al MINJUS opinar sobre el proyecto contrario de unión solidaria de Martha Chávez, lo hizo a favor y no desde la oficina de Rodríguez. Es más, cuando meses después se votó y aprobó la unión solidaria con 4 personas a favor, 2 de ellas eran nacionalistas: Condori y Rivas. Fue también un nacionalista, José Urquizo, el que en el debate del Nuevo Código Penal señaló que debía eliminarse la protección antidiscriminatoria por orientación sexual e identidad de género porque dichas categorías no eran parte del Plan Nacional de Derechos Humanos. Y antes fueron fundamentalmente votos nacionalistas los que rechazaron la inclusión explícita de nuestras comunidades en la creación de la agravante penal contra delitos motivados en discriminación (crímenes de odio).

A apenas horas de concluir el gobierno de Humala, queda claro que la única gran transformación que experimentamos fue la de su discurso, la de su conservadurización, la de su cada vez más clara homofobia. Lo que podía haber sido un gobierno sumergido en un gran ahuevamiento a baño maría continuando simplemente la más o menos sutil homofobia a la que sus antecesores nos tenían acostumbrados, se convirtió en una máquina brutal de obstruccionismo y erradicación sistemática (y no solo simbólica) de maricas, machonas y tracas. Su gobierno deja poquitísimos avances respecto a nuestros derechos, poquitísimos y miserables, y esos ni siquiera constituyen mérito de Humala sino de uno que otro funcionario y muy a pesar de Humala. Lo que sí nos deja son graves, gravísimos retrocesos. Y una jodida herencia para el próximo gobierno si efectivamente se pretende tan moderno y progresista como se vende o como las gentes lo creen. Como fuere, este periodo por fin acaba, pero lo que se viene no me resulta muy esperanzador tampoco. Veamos en 5 años cómo nos agarra el bicentenario.

Lima, 27 de julio de 2016.

ACTUALIZACIÓN 28.07.2016 3pm: Con el corre corre había olvidado mencionar a la Secretaría Nacional de Juventudes - SENAJU, dependencia del MINEDU, que apenas iniciada la gestión se embarcó en la construcción de un Plan Nacional de Juventudes que finalmente vio la luz a fines del año pasado. La versión aprobada 2015-2021 habla de incluir a los jóvenes LTGBI en los mecanismos de participación ante el Estado y fomentar acciones (sin decir cuáles) contra la discriminación. Sin embargo su borrador de agosto de 2013 en el enfoque de género refería explícitamente a la no discriminación por orientación sexual e identidad de género, preveía campañas contra la homofobia, sancionar la discriminación laboral contra LTGBI y desarrollar estrategias contra los crímenes de odio, acciones eliminadas en el camino. Pero eso no es todo. Cuando empezó este proceso, SENAJU se acercó al movimiento LTGBI joven para el desarrollo de un encuentro nacional, encuentro en el que finalmente buena parte del movimiento decidió no participar y desconocer por las manipulaciones políticas que el ente gubernamental pretendía. Años después, la SENAJU vetó la participación del MHOL, organización en ese entonces particularmente crítica de su accionar, en uno de los encuentros de jóvenes que promovía. El acercamiento de la SENAJU a la agenda LTGBI ha devenido en el intercambio paseos y talleres a jóvenes maricas por su presencia legitimadora que, frente a cooperantes e instancias internacionales, permite al gobierno decir que algo hace, cuando en el mejor de los casos lo único que impulsaba era su propio aparato de movilización y clientela política.