No cabe duda de que la Defensoría se ha convertido en la voz de quienes no tienen, de quienes no tenemos voz. Han sido 20 años no solo de defensa de los derechos humanos en abstracto, sino fundamentalmente de vocación por los más excluidos, por las víctimas, por aquellos cuyos derechos son más pisoteados y menos importan. Y lesbianas, trans, gais, bisexuales e intersexuales (LTGBI) no hemos sido la excepción.

Ya en 2003, el entonces defensor Walter Albán presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el Código de Justicia Militar que reprimía los "actos deshonestos o contra natura, dentro o fuera del lugar militar", es decir la homosexualidad, atentando contra los principios de dignidad de la persona humana e igualdad ante la ley. Y aunque le respondieron que "la homosexualidad es expresión de una escala de valores que no resulta adecuada a las exigencias de la vida militar", la Defensoría dio la batalla y ganó: el artículo fue derogado y se inició así una serie de sentencias del Tribunal Constitucional que versaron sobre la dignidad de las personas y comunidades LTGBI.

Desde entonces la Defensoría se constituyó en la principal aliada del movimiento LTGBI en el Estado. Su alerta por el impacto diferenciado de la epidemia del VIH en nuestras comunidades y la débil respuesta estatal fue clarísima en su informe Fortaleciendo la respuesta frente a la epidemia del VIH/Sida de 2011. Y en los últimos años no han cesado de denunciar cada intento de recorte de nuestros derechos. Respaldaron nuestro cuestionamiento al Régimen Disciplinario de la Policía que sancionaba la homosexualidad hasta que fue enmendado, alertaron primero y denunciaron después la eliminación de las personas LTGBI del Plan Nacional de Derechos Humanos, cuestionaron la estrategia del humalismo de derivar nuestros derechos a la mecedora de la Comisión Nacional Contra la Discriminación - CONACOD, exhortaron al Ministerio de la Mujer a asumir la rectoría sobre asuntos LTGBI, respaldaron el proyecto de ley contra crímenes de odio por homofobia, y prepararon un informe impecable a favor del de uniones civiles. En numerosas ocasiones, además, pusieron a disposición de las víctimas de homofobia sus desbordados equipos defensoriales en todo el país. Y hace ya varios años hablaban de la necesidad de un informe defensorial ad-hoc, hecho realidad la semana pasada. Todo esto producto del compromiso y esfuerzo de Luisa Córdova, Gisella Vignolo, César Cárdenas y el equipo de la Adjuntía para la Administración Estatal durante el mandato de Eduardo Vega.

Su más reciente informe defensorial Derechos humanos de las personas LGBTI: Necesidad de una política pública para la igualdad en el Perú constituye el esfuerzo más sólido y ambicioso que ha emprendido el Estado para mirar la situación y deudas históricas para con nuestra comunidades. Destaca su comprensión del carácter sistemático de la violencia homofóbica, su dedicación a rastrear los complejos caminos jurídicos que han emprendido las personas trans para el reconocimiento legal de su identidad, y su mirada integral de los problemas de salud que impactan particularmente en nuestras vidas. En consecuencia, deja recomendaciones a sectores clave del Ejecutivo, al Legislativo y al Poder Judicial, así como a organismos autónomos como el Ministerio Público y la RENIEC. Sin duda, estas serán la principal herramienta del activismo LTGBI en su esfuerzo por arrancarle algún reconocimiento de derechos al Estado en los próximos años. Y justamente por eso creo que lo fundamental del documento corre el riesgo de extraviarse en su timidez.

Las conclusiones y recomendaciones que deja, todas atendibles e importantes, bien pudieron ser jerarquizadas por su urgencia e impacto para proteger y posibilitar las vidas de las personas LTGBI, a fin de evitar la impresión de que nos enfrentamos a una larga lista de quehaceres donde todo es igualmente importante. Digo, no es taaan urgente que los homosexuales podamos donar sangre, como lo es frenar nuestras muertes por VIH, en especial cuando existen las tecnologías médicas y los recursos suficientes para ello, y solo falta la voluntad política. Y esto último ni siquiera es mencionado con la suficiente claridad.

También la Defensoría pudo ser mucho más explícita y exigente respecto a los estándares de derechos humanos que debe garantizar el Estado. Por ejemplo, a la recomendación de aprobar una ley de identidad de género basada en el principio de autopercepción/autoafirmación de las personas trans, le debió seguir la obligación de que la salud pública garantice el proceso de transición corporal que incluye hormonas, siliconas e incluso operaciones de reasignación genital para quienes opten por ellas. Y la recomendación de aprobar una ley de uniones civiles para parejas homosexuales debió ser reemplazada por una a favor del matrimonio igualitario, o por lo menos el reconocimiento de que las uniones civiles deben reconocer nuestra condición de familia y que deben plantearse en un marco mucho más amplio de progresividad hacia la igualdad formal. Total, sabemos que en los próximos años estas recomendaciones no van a salir del papel, pero hubieran dado un gran espaldarazo a las luchas activistas.

Llama además la atención que el informe no mencione la exclusión de las personas LTGBI del Plan Nacional de Educación en Derechos y Deberes Fundamentales al 2021 ni recuerde que aún se encuentra pendiente la ratificación sin reservas ni declaraciones interpretativas de la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, en la congeladora desde el segundo gobierno de García so pretexto de que abriría la puerta al matrimonio igualitario por una lectura concordada de los derechos a la igualdad ante la ley, al reconocimiento de la identidad y a tener una familia.

Y hago énfasis en estas observaciones justamente porque he sido testigo privilegiado de la apuesta firme de la gestión de Eduardo Vega por el reconocimiento de la condición humana y ciudadana de las personas y comunidades LTGBI. Si estando indudablemente comprometidos con nuestros derechos había esta, digamos, timidez, ¿qué podemos esperar de la gestión de Walter Gutiérrez?

El nuevo defensor, cuando candidato, decidió no asistir a la audiencia pública de exposición de planes de trabajo convocada por el Congreso este lunes. Primero dijo que no había sido invitado formalmente. Cuando lo desmintieron con pruebas, se excusó señalando que estaría fuera de Lima. Días antes la periodista Giovanna Castañeda de El Comercio le había preguntado, entre otras cosas, su postura sobre la unión civil y los derechos LTGBI, pero nunca recibió respuesta. Lo que sí dijo el martes, ya como defensor electo, fue que "la defensa de los derechos ha funcionado en las anteriores gestiones". Ha funcionado, en pasado, ¿o sea que ya no va a funcionar?

La felicidad del fujimorismo y el lobby evangélico antiderechos no es gratuita. Ya en 2011 la Coalición Internacional Pro Familia - CIPROFAM lo había respaldado en las elecciones del Colegio de Abogados de Lima por su promesa de "seré la voz de la familia hombre y mujer tal como esta establecido en la constitución y un defensor de la vida del no nacido". Y antes, en su artículo Definición del matrimonio e igualdad de los cónyuges co-escrito con Alfonso Rebaza, afirmaba ya que la finalidad de hacer vida en común "se encuentra estrechamente vinculada a la procreación", que "es un acto eminentemente heterosexual" por lo que "se ha esbozado la tesis de que las parejas homosexuales deberían ser reconocidas por el ordenamiento legal, no bajo la figura de matrimonio, sino mediante un régimen semejante". No solo no le importa mentir al afirmar que "el matrimonio entre personas del mismo sexo se encuentra prohibido en nuestro país", sino que incluso cita sin cuestionar a autores que afirman que "la prohibición del matrimonio homosexual no solo no constituiría una conducta discriminatoria ni inconstitucional, sino que además sería justa" y que los niños adoptados por parejas homosexuales serían"sometidos a un experimento psicológico grave y de consecuencias imprevisibles para su desarrollo personal".

Claro, ahora ha dicho "yo creo en la unión civil", pero no sé ustedes, con estos antecedentes yo no le creo nada, nadita, nada.

Por el contrario, tengo la impresión de que la Defensoría retrocederá en sus posturas garantistas de los derechos humanos. Y no habrá nada que reclamarle al fujimorismo ni al aprismo que son conocidos por su desprecio por los derechos humanos. Tampoco a Acción Popular que lo propuso y respaldó, ya que tampoco se han caracterizado particularmente por estas banderas. Total, sus votos sumados no alcanzaban para elegirlo. Los verdaderos responsables son los PPKausas que votaron por él siguiendo las instrucciones del presidente "de lujo" que tenemos. Bruce entre ellos. Recuérdenlo bien la próxima que la Defensoría se haga la desentendida ante cualquier pretensión homofóbica. 

Mientras tanto, Eduardo Vega ha cerrado su mandato reafirmando que "no podemos aceptar que la respuesta hacia las personas LGBTI sea la incomprensión, la indiferencia y la negación de su dignidad como personas". La valla que deja es alta. Altísima.